La decisión del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales suponen mucho más que el hecho de que todos los españoles estamos llamados a votar el próximo 23 de julio. Que haya que volver a elegir Gobierno supone que, hasta que se proclame el nuevo, las Cortes quedan disueltas y, con ellas, se paralizan todas las leyes y decisiones que se debían votar en las próximas semanas. 

En lo que afecta directamente a los conductores queda al espera la Ley de Movilidad y, con ella, temas tan polémicos como los peajes en las ciudades, es decir, la tasa que podrían habilitar los ayuntamientos para exigir un pago a aquellos conductores que quieran circular por áreas restringidas.

Leyes en suspenso por las elecciones anticipadas

La convocatoria de elecciones generales paraliza la tramitación en el Congreso y el Senado de todas las iniciativas legislativas, ya sean proyectos de ley, proposiciones de ley o cualquier otra norma. Algunos seguirán vigentes en forma de decreto ley, otros quedan en suspenso a la espera de que se forme el nuevo Gobierno y sea este el que adopte las decisiones oportunas.

A día de hoy, son más de 60 las leyes que quedarán pendientes de votación y cuya aplicación podría posponerse meses, entre ellas, las conocidas como Ley de Familia, Ley de Vivienda, Ley de Paridad y Ley de Salud Mental. También quedan en suspenso la Ley de Movilidad Sostenible y la prolongación de las medidas anticrisis que, en principio, finalizan el 30 de junio.

Ley de Movilidad Sostenible

De todas las leyes que tendrán que esperar en el cajón a ser aprobadas la que más afecta a los conductores es la de la Movilidad Sostenible. Validada como Proyecto de Ley en diciembre de 2023, estaba previsto que la votación se llevase a cabo en el Congreso en las próximas semanas. 

Este Proyecto de Ley surge con el objetivo de crear un marco normativo para crear políticas públicas de transporte que promuevan una "movilidad limpia y saludable entendida como un derecho social". Entre otras, introduce las siguientes novedades: 

• Creación de un peaje en las ciudades (entramos con detalle en las próximas líneas)
• Obligación para la empresas de más de 500 empleados de crear un plan de movilidad sostenible al trabajo fomentando el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos y otras alternativas de transporte no contaminantes como la bici
• Instauración del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible como un ecosistema que facilite la colaboración entre administraciones
• Avances en materia legislativa para iniciar las pruebas de conducción autónoma en espacios abiertos
• Ampliación de los llamados caminos escolares seguros que permitan a los niños ir al colegio a pie de forma segura
• Mejora de la información pública disponible sobre infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, como el mapa interactivo de cargadores

Peajes en las ciudades

La Ley de Movilidad Sostenible busca dar una nueva visión de la movilidad en las ciudades que priorice caminar e ir en bici en lugar de recurrir al transporte privado. Para ello, el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2022 habla de "dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio".

Fija también entre los objetivos "facilitar la provisión de soluciones de movilidad flexibles, desde servicios de transporte tradicionales hasta nuevos servicios de movilidad, como transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o de movilidad compartida".

Una de las medidas más polémicas contempladas dentro de la Ley de Movilidad Sostenible son los peajes en ciudades, con los que s pretende reforzar el papel de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En este sentido es importante aclarar que las ZBE no quedan en suspenso; tampoco la obligación de los municipios con más de 50.000 habitantes de crear áreas de tráfico restringido en función de las emisiones contaminantes (en este mapa puedes ver cuáles están ya activas y sus restricciones) ya que esta está recogida en la Ley de Cambio Climático que ya esté en vigor.

Lo que queda en el aire es la autorización para que los Ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las ZBE. "Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no", explican fuentes oficiales.

Si no es ahora, ¿cuándo?

No es posible poner una fecha a la votación de las nuevas leyes. El calendario oficial establece que un mes después de las elecciones se constituye el Congreso de los Diputados y se nombra, mediante votación, al presidente de la Cámara. Este es el encargado de comunicar al Rey las formaciones parlamentarias.

Si existe acuerdo entre las fuerzas políticas, el pleno de investidura del nuevo presidente del Gobierno se celebra unos días después de que el Rey haya terminado la ronda de reuniones con  los líderes de todos los partidos políticos. Se nombra presidente a aquel candidato que en primera votación consiga mayoría absoluta (176 diputados) o mayoría simple (más votos a favor que en contra) en una segunda vuelta que se celebraría 48 horas después.

Teniendo en cuenta que las elecciones se celebran el 23 de julio y sin poder adelantar cuál será el orden de prioridad en aprobación de leyes del nuevo Gobierno es muy posible que no volvamos a hablar de la Ley de Movilidad Sostenible y los peajes en ciudades hasta bien entrado 2024.