Óscar Puente, ministro de Transportes, tiene luz verde para que estas 11 carreteras ya no sean de peaje
El Consejo de Ministros ha autorizado a Óscar Puente para que modifique las reglas para la adjudicación de contratos para el mantenimiento de las carreteras, poniendo fin a los peajes.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha recibido la aprobación del Gobierno para acabar con uno de los mayores problemas de los conductores en las carreteras: los peajes. Ahora, Óscar Puente pondrá fin a 12 de estas autopistas.
En concreto, tiene luz verde para ejecutar la reversión de la autopista de peaje AP-68 Bilbao-Zaragoza y de 11 autovías de peaje en sombra antes de finalizar 2026.
Fue el Consejo de Ministros del martes quien ha dado la autorización para que el Ministerio de Transportes pueda modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar nuevas reparaciones, mantenimiento y conservación.
Con esta liberación, el Ministerio de Puente comenzará pronto la oleada de licitaciones de los contratos de conservación y mantenimiento de la AP-68 y de las 11 autovías de primera generación que dejarán de gestionar en concesión las empresas privadas antes de final de año.
Sin embargo, se cierne sobre este proceso la sombra del conflicto. El Gobierno no descarta que las empresas de conservación y concesionarias, e incluso los sindicatos, abran diversos frentes judiciales contra ellos.
Un nuevo modelo basado en la subasta
De esta manera, la idea del Ministerio de Transportes es la de cambiar la forma de adjudicación de los contratos para el mantenimiento de las carreteras. El objetivo de esta modificación de las reglas es que los concursos sean más competitivos.
Este nuevo sistema se parece mucho más a los de una subasta, donde las empresas compiten ofreciendo precios más bajos. Sin embargo, este modelo ha despertado las quejas tanto de sindicatos como de las propias empresas.
Según estas últimas, un sistema que se base tan solo en el precio puede hacer que la calidad del mantenimiento, así como su seguridad, se vean mermadas. Por su parte, los sindicatos temen que estos cambios repercutan en los trabajadores, con peores condiciones laborales.
Sin embargo, las quejas también se producen dentro de la propia administración. Las discrepancias surgieron en la Dirección General de Carreteras (DGC) cuando la subdirectora general de Conservación, Paula Pérez, dimitió hace unas semanas por esta causa.
Y no ha sido la única. Ana Martínez Pérez-Beato, subdirectora general de Coordinación de la DGC, también dimitió. Ahora, a falta de confirmación oficial, Gabriel Dávila habría promocionado como su sustituto. Su nombramiento también facilitará que se desbloqueen las licitaciones.
El nuevo pliego entrará en vigor una vez se aplique en una primera licitación pública, lo que se espera de manera inminente. Desde ese momento será por el que se regirán los concursos de conservación de carreteras, incluidos los relativos a las vías que son operadas en régimen de concesión y que revierten este año al Estado ante la decisión del Gobierno de no prorrogar ningún contrato de este tipo.
A partir de ahí, se aplicará a todos los contratos de mantenimiento, incluidos los de varias autovías y autopistas que hasta ahora estaban en manos privadas y que este año vuelven al control del Estado. Entre ellas están la AP-68 y las llamadas autovías de primera generación.
Puente y su equipo tienen que acelerar los trámites para poder adjudicar los contratos de conservación de estas carreteras antes de que reviertan y evitar lo ocurrido hace años con la AP-1, en la que se tuvo que recurrir a un contrato de emergencia con la concesionaria (Itínere) para que continuara conservándola durante seis meses al no llegar a tiempo.
En paralelo, el Ejecutivo ya ha dado luz verde a utilizar presupuestos de varios años para cubrir estos gastos y ha anunciado una inversión extra de 1.629 millones de euros en tres años para mejorar el estado de las carreteras.
Este refuerzo llega en un momento delicado, después de que las últimas borrascas hayan dejado en evidencia el deterioro de muchas vías en toda España.
Aun así, el conflicto está lejos de resolverse. Las empresas del sector planean recurrir el nuevo modelo en cuanto se publique, y los sindicatos no descartan hacer lo mismo.
Si esto ocurre, los concursos podrían retrasarse, complicando la puesta en marcha del nuevo sistema justo cuando el Estado debe asumir la gestión de más de 1.000 kilómetros de carreteras.
En juego no solo está el modelo de contratación, sino también el estado de conservación de la red viaria y la seguridad de millones de conductores.
