La recarga del coche eléctrico deja de ser tan problemática en España y ya hemos superado los 56.600 cargadores, pero sigue habiendo inconvenientes: uno de cada cuatro no funciona
La infraestructura de carga de vehículo eléctrico aumenta en España, pero también incrementan sus roturas.
El despliegue de la infraestructura para vehículos eléctricos en España experimenta una de cal y otra de arena. Por un lado, viajar en coche eléctrico por las carreteras nacionales ha dejado de ser la odisea de hace unos años, gracias a un crecimiento sostenido de la red pública de abastecimiento. España ha logrado alcanzar la cifra de 56.682 puntos de carga operativos para coches eléctricos, un hito que demuestra el esfuerzo inversor por parte de las empresas energéticas y los operadores de movilidad para dar cobertura a un parque automovilístico en pleno proceso de transición ecológica.
Sin embargo, el optimismo que despiertan estos números se ve empañado de inmediato por la cruda realidad de la gestión y el mantenimiento de las instalaciones existentes. Los últimos datos sectoriales revelan que un cuarto de la red total instalada en el país se encuentra completamente inoperativa, lo que significa que uno de cada cuatro cargadores con los que se topan los usuarios no funciona correctamente o está a la espera de trámites burocráticos para su activación definitiva.
Esta disfunción técnica provoca que la experiencia del conductor continúe sufriendo importantes inconvenientes y que España se mantenga rezagada en la carrera hacia la electrificación del transporte, con un indicador global de penetración y disponibilidad que se sitúa trece puntos por debajo de la media registrada en el resto del territorio de la Unión Europea.
El problema fundamental no radica únicamente en las averías mecánicas o electrónicas de los postes de suministro, sino en una maraña administrativa y en retrasos de conectividad que los operadores denuncian con insistencia. En este escenario, España se ha convertido además en uno de los mercados menos rentables para las corporaciones dispuestas a invertir en estaciones de carga ultrarrápida, precisamente por las dilaciones extremas en los plazos de activación que sufren los proyectos tras haber completado su obra civil.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), a través de su director general José López-Tafall, ha reiterado la urgencia de agilizar los trámites administrativos y de reducir de forma drástica los plazos de activación para poder aprovechar plenamente las millonarias inversiones que ya se han ejecutado sobre el terreno. El objetivo prioritario debe ser acompañar de forma eficiente el crecimiento del mercado del vehículo electrificado, evitando que los cargadores instalados languidezcan apagados durante meses a la espera de un permiso de enganche a la red eléctrica.
A esta problemática de operatividad se le suma una brecha territorial de carácter alarmante que divide al país en dos realidades completamente inconexas en materia de movilidad sostenible. El despliegue de la infraestructura está lejos de ser homogéneo y se concentra masivamente en los grandes núcleos urbanos y en los principales ejes viales de comunicación.
De hecho, un total de 5.774 municipios españoles carecen a día de hoy de un solo punto de recarga pública para vehículos eléctricos en sus demarcaciones locales. Esto implica que el 71% del total de las localidades del país se mantiene completamente al margen de la revolución eléctrica, un vacío de cobertura que desalienta la compra de estos automóviles entre los ciudadanos residentes en entornos rurales o en pequeñas poblaciones que no disponen de garaje propio para instalar un cargador doméstico.
Esta desigualdad estructural se refleja también en la evolución del parque eléctrico nacional, que actualmente representa apenas el 1,7% de la totalidad de los vehículos matriculados en España. Las diferencias geográficas son extremadamente marcadas entre provincias, mostrando el fuerte vínculo que existe entre la disponibilidad de puntos de recarga y la penetración real del vehículo limpio.
Mientras que la provincia de Barcelona lidera la estadística y alcanza una cuota de vehículos eléctricos del 3,4%, otras regiones del sur de la península, como la provincia de Cádiz, muestran un preocupante estancamiento al quedarse en apenas un 0,48% del total de sus matriculaciones.
El mapa actual del suministro ofrece paradojas extremas y desequilibrios sin sentido logístico, reflejados en situaciones donde pequeñas localidades como Atalaya del Cañavate, en Cuenca, concentran de manera desproporcionada hasta 16 cargadores públicos para una población de tan solo 91 habitantes, mientras comarcas enteras quedan desatendidas.
La falta de capilaridad de la red afecta de igual modo a los servicios de soporte automotriz, dado que apenas el 22% de los talleres mecánicos en toda España cuenta con puntos de recarga adaptados para coches eléctricos, limitando la capacidad de atención y mantenimiento especializado.
