Las víctimas de accidentes de tráfico podrían tener que pagar impuestos por la indemnización

Si el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal del Ministerio de Justicia se aprueba, las víctimas de accidentes de tráfico tendrían que pagar impuestos por la indemnización que reciba.

Tras el visto bueno que recibió en diciembre de 2020, se encuentra en fase prelegislativa y de aplicarse supondría un cambio importante en el sistema, porque en España hasta ahora las víctimas nunca han tenido que tributar por esta compensación económica.

La clave está la modificación que aparece en la disposición final según del anteproyecto de ley, pues aunque mantiene que las indemnizaciones dictadas por un juzgado siguen exentas del pago del IRPF, introduce cambios en las que se alcancen por un pacto amistoso (normalmente con la aseguradora).

Para éstas se estipula que además de las partes involucradas también tiene que intervenir un tercero que haga las veces de mediador, así como que el acuerdo se eleve a escritura pública. Esto supondría tener que afrontar gastos que se restarían de la indemnización o directamente tener que pagar impuestos por el pago recibido.

La única manera que tendría la víctima de evitar ese gasto sería conseguir que la aseguradora cargase con esos gastos extra y, si no es posible, solo quedaría judicializar el procedimiento.

Esto, según apuntan desde la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil  (Anava-RC), supondría “un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia”.

La asociación señala que “una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio” ya que estos pagos nunca se han considerado como un incremento del patrimonio, si no como una compensación por lo sufrido en el accidente.

Además, Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC, explica que “la iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos”.

“Esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley”, sentencia, apuntando que el cambio que se quiere aplicar va justo en la dirección contraria.

Fuente: El Mundo