La multa que pone Madrid a miles de conductores y no vale para nada porque 97 de cada 100 se anulan

La presencia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es sinónimo de dos cosas: limitación de la movilidad para muchos conductores y multas para aquellos que no respetan las nuevas restricciones implementadas. Sin embargo, en Madrid no es del todo así: 97 de cada 100 multas relacionadas con las distintas ZBE de Madrid.

Así lo apunta Dvuelta y lo recoge Gacetín de Madrid: la empresa, dedicada a la defensa legal de los conductores, afirma que ya lleva 558 sentencias ganadas contra el Ayuntamiento de Madrid por multas nulas en las diferentes Zonas de Bajas de Emisiones (ZBE) de la capital. No solo eso, ya que en la mitad de los casos (268 de todos ellos), los Tribunales además han condenado al Ayuntamiento en costas procesales

Pedro Javaloyes, portavoz de la empresa, señala que el hecho de que se hayan ganado el 97% de las demandas interpuestas ante los Tribunales demuestra “el desprecio por la legalidad y los derechos de los ciudadanos por parte del Consistorio”,

Esas son las cifras totales, pero centrándose solo en lo que llevamos de 2025, el Ayuntamiento acumula 383 sentencias desfavorables y 224 condenas en costas, lo que supone prácticamente el 60% de los casos. 

Entrando en las multas por ZBE, la gran mayoría de las condenas, casi el 60%, son por multas en la Zona de Bajas Emisiones de Distrito Centro, las de Madrid ZBE rondan el 25% y en torno al 15% son por la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección de Plaza Elíptica. 

Un dato bastante llamativo es que unos 110 millones de euros, algo más de la mitad de lo recaudado en multas por Ayuntamiento de Madrid, proviene de las sanciones de las ZBE.

Javaloyes ha declarado que “recurrir multas se ha convertido en una reacción cívica” con la que se equilibra “la balanza entre una Administración que tiende a convertir la multa en un instrumento recaudatorio y un ciudadano que, de otro modo, quedaría indefenso”.

“Los Tribunales están parando los pies al Ayuntamiento sistemáticamente por el uso masivo e injustificado de las sanciones de ZBE. No solo existe un abuso normativo: hay una clara intención recaudatoria, a costa de los conductores, que la Justicia está desmontando sentencia a sentencia”, añade.

Sentencia que la situación “no solo refleja un importante cambio en la protección legal de los derechos de la ciudadanía, sino que también plantea serias dudas sobre el modelo recaudatorio utilizado en las Zonas de Bajas Emisiones y la proporcionalidad legal y social de estas medidas”.

El motivo por el que el 97% de las denuncias relativas a las ZBE de Madrid acaba siendo anulado se debe básicamente a los argumentos que aparecen en dos sentencias diferentes.

La primera sería la anulación por el TSJ de Madrid, ya que existe una sentencia de dicho organismo que anula la parte relativa a las Zonas de Bajas Emisiones dentro de la Ordenanza de Movilidad. Esta nulidad implica que todas las sanciones impuestas en virtud de dicha parte de la norma carecen de base jurídica, puesto que están sustentadas en una regulación anulada por los tribunales. 

De esta manera, los jueces están fallando de manera sistemática a favor de los afectados por estas multas, ya que el fundamento legal de la sanción ha desaparecido.

La segunda sería el incumplimiento del artículo 242 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS). En este caso la razón estaría en que el Ayuntamiento no cumple con el requisito exigido por dicho artículo, que obliga a acreditar documentalmente la instalación de carteles informativos, en lugares visibles, que avisen a los conductores de la captación y transmisión de datos o imágenes para el control de acceso. 

Es decir, que se debe señalizar la manera en la que se está fiscalizando quién entra en estas Zonas de Bajas Emisiones. Sin embargo, en ninguno de los procedimientos se ha aportado documentación que demuestre la existencia de esta señalización reglamentaria, lo que se traduce en que las sanciones sean declaradas como nulas por vulneración de derechos básicos de información y defensa.

El hecho de que la entidad este tan centrada en la defensa de los conductores sancionados en Madrid se debe a que es la ciudad que más recauda con multas, con unas previsiones de más de 208 millones de euros para este 2025.

Esto, según apuntan desde Dvuelta, demuestra que se trata de “una política sancionadora especialmente agresiva y por la extensión de las zonas de control y vigilancia, así como por la intensificación de la recaudación por ZBE”, añadiendo que la ciudad “se ha convertido en un auténtico laboratorio de fiscalización, donde cada conductor es una potencial fuente de ingresos”.

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