Designer Fuel, así es el diésel que la Guardia Civil ha encontrado en gasolineras low cost y del que han prohibido su venta
La operación “Tenk” se ha saldado con 70.000 litros de un combustible de diseño ilegal incautado, con aditivos no autorizados.
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, en el marco de una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una red delictiva especializada en la introducción y distribución de carburante adulterado en estaciones de servicio low cost en el Levante español, el denominado como “Designer Fuel”.
La operación, bautizada como “Tenk”, ha permitido detectar el uso de un tipo de carburante manipulado, con el que se eludían múltiples controles fiscales y de calidad.
En total las autoridades incautaron 70.000 litros de este combustible fraudulento, compuesto por gasóleo mezclado con aditivos no autorizados, entre ellos la triacetina, un componente que no está permitido como carburante por no cumplir las normativas técnicas vigentes. La alteración de la mezcla tenía como objetivo sortear los impuestos especiales sobre hidrocarburos, generando un notable perjuicio económico al Estado y a las empresas del sector.
La operación ha culminado con la detención de 18 personas y la investigación de otras 14, junto con la implicación de 40 empresas que formaban parte del entramado logístico y financiero de la organización.
La investigación se remonta a 2023, cuando vecinos de la pedanía de La Hoya del Campo, en el municipio murciano de Abarán, alertaron sobre el inusual trasiego de camiones cisterna en la zona.
Estos avisos pusieron en marcha una investigación que llevó a los agentes hasta un centro de distribución clandestino donde se almacenaba y manipulaba el carburante. Allí se localizaron los miles de litros de gasóleo modificados, además de depósitos industriales y maquinaria utilizada para el proceso.
Las indagaciones posteriores revelaron que el combustible se distribuía en estaciones de servicio de bajo coste en las provincias de Murcia, Alicante, Almería y Valencia. Para facilitar su movimiento y almacenamiento, la red contaba con otros dos depósitos ilegales situados en los municipios de Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia).
El carburante era introducido desde países del este de Europa (como Letonia, Hungría, Lituania, Polonia y Eslovaquia), y accedía al territorio nacional registrado como si se tratara de aceites industriales o lubricantes, lo que permitía esquivar los controles y tributos exigidos a los productos sujetos al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Esta maniobra les permitía evitar el pago de impuestos como el IVA o el Impuesto sobre Sociedades, generando una ventaja ilícita frente a los operadores legales.
Sin embargo, el perjuicio no es solo derivado del fraude fiscal, que también, las autoridades advierten de los riesgos ambientales y mecánicos asociados a este tipo de combustible. Su uso puede implicar emisiones altamente contaminantes, peligros de vertido durante su manipulación e incluso daños irreversibles en los motores de los vehículos que lo utilicen; por lo que se recomienda encarecidamente que no se reposte con él.
A lo largo de la operación, los investigadores lograron identificar a los distintos integrantes de la red, así como a las empresas pantalla utilizadas para ocultar la actividad ilícita.
Muchas de ellas estaban a nombre de personas sin vinculación real con su gestión, utilizadas como testaferros a cambio de dinero.
Entre los implicados hay ciudadanos de distintas nacionalidades (española, ucraniana, letona y francesa), algunos de ellos en situaciones de vulnerabilidad económica, lo que hacía más sencillo para la organización captarlos y así facilitar la creación de sociedades ficticias o abrir cuentas bancarias.
La trama tenía ramificaciones en al menos diez provincias, incluyendo Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Albacete, Murcia y Valencia. Durante el operativo, se inspeccionaron once estaciones de servicio y varias empresas sospechosas de participar en la red de distribución fraudulenta.
Los delitos atribuidos a los detenidos incluyen estafa, fraude fiscal, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, delitos contra la Seguridad Social y la Seguridad Vial, así como pertenencia a organización criminal.
Uno de los casos más graves ha sido el de un transportista implicado en 26 delitos contra la seguridad vial, al haber realizado transportes de mercancías peligrosas sin contar con la licencia requerida.
Este caso atañe a una organización criminal, pero el hecho de que se encargara de suministrar el combustible a gasolineras low cost le hace un flaco favor a estas estaciones de servicio.
Sin ir más lejos, el recientemente elegido como mejor mecánico de España, Carlos Pérez, ha advertido sobre ellas: “El precio puede ser tentador, pero a largo plazo, el uso de combustibles de peor calidad puede provocar averías y un mayor desgaste del motor, con el coste que eso supone en reparaciones. Al final, un buen combustible es una inversión en tranquilidad y mantenimiento”.
Y justifica su punto de vista: “Aunque todas las gasolinas proceden en última instancia de los mismos proveedores mayoristas, las diferencias están en los aditivos que cada compañía incorpora. Estos aditivos son los que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación y a prevenir la acumulación de residuos en el motor, lo que puede afectar al rendimiento y la durabilidad del vehículo”.
