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¿Cuántos coches oficiales hay en España? El Gobierno actualiza las cifras

Coches oficiales

Una pregunta de VOX ha servido para conocer las cifras actualizadas sobre cuántos coches oficiales que hay en España. La cuestión interrogaba sobre la cifra de vehículos de alta gama adquiridos por el Gobierno en 2020. La respuesta permite saber, entre otras cosas, que la cantidad de vehículos de más de 10 años es demasiado elevada y que el Ejecutivo tienes planes para sustituirlos por otros menos contaminantes.

Conforme a los datos del Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, actualmente la flota de coches oficiales está integrada por 36.512 vehículos, de los que 30.526 son de propiedad pública y 2.591 han sido adquiridos mediante contratos de renting o leasing (en este enlace puedes ver las diferencias entre ambos).

Demasiado contaminantes

La respuesta del Ejecutivo deja claro que en 2020 no se ha adquirido ningún vehículo de alta gama.

También que el porcentaje de coches con más de 10 años de antigüedad es elevado: más de 5.794. Respecto al tipo de combustible la mayor parte de estas unidades matriculadas hace más de una década son diésel (curioso teniendo en cuenta el empeño del Gobierno por gravar su precio con el polémico impuesto al diésel).

La contestación también adelanta el proyecto del Gobierno para renovar parte de esta flota por vehículos menos contaminantes como parte del Plan de Renovación de la Administración General del Estado 2020-2021.

Lo que va a gastar el Gobierno en desinfectar los coches oficiales

Piden poner un precio máximo

VOX ha ido más allá de la pregunta. El partido político propone que se establezca un precio máximo para los futuros vehículos oficiales. Así se hace en países como Alemania donde ningún coche adquirido para uso oficial puede tener un precio superior a 51.000 euros. Además, el gobierno alemán tiene como condición vender todos los vehículos oficiales pasado un año de su compra en el mercado de km. Cero.

Según recoge la agencia de noticias EuropaPress, VOX aboga también por potenciar el uso de los sistemas de renting y leasing, dos opciones a las que la Administración General del Estado aún recurre en pocas ocasiones (no llega al 8% de los vehículos).

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