Cambio radical en las ciudades, las 10 normas para que todos tengamos a mano un cargador de coche eléctrico

Uno de los principales problemas que alegan los conductores a la hora de dar el salto a los coches eléctricos está en que la infraestructura de recarga todavía no está lo suficientemente desarrollada. Es un hecho, pero, para cambiarlo, ANFAC ha creado un decálogo para acelerar el despliegue de puntos de recarga.

Con una red más nutrida, que dé más opciones a los conductores, la transición hacia los vehículos de baterías será más rápida. Éstas son las recomendaciones de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

La primera recomendación es contar con un órgano de gobernanza que coordine las políticas de movilidad y urbanísticas y que está basado en “una planificación a largo plazo y procedimiento de seguimiento definido”. Serviría para “dar tranquilidad al ciudadano en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones”, ya que sabría cuál va a ser su evolución. 

La segunda consistiría en llevar a cabo el desarrollo de una formación y de procedimientos específicos para que el personal municipal esté más familiarizado y agilice la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga.

La tercera es establecer un marco regulatorio que permita conocer al público cuál es la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y de distribución de electricidad en la ciudad.

Como cuarto punto se señala el hecho de que las entidades locales tiene que enfocar bien (tanto desde el punto de vista económico y como del técnico) las licitaciones de suelo público para la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas.

La quinta recomendación es que, cuando tenga lugar la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las autoridades correspondientes introduzcan nuevos requerimientos para que se incluya la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados. Es decir, que las gasolineras pasen a ser “estaciones multienergía”.

La sexta es que se eliminen las barreras para desplegar infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos, es decir, aquellos destinados tanto a residentes como a plazas de rotación.

El séptimo punto es que se lleve a cabo la modificación de las ordenanzas fiscales para que puedan beneficiarse del “marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2021, que establece la posibilidad de que las entidades locales puedan desarrollar medidas en el ámbito fiscal para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos”.

La octava directriz es el aumento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas que se realizan a nivel municipal. Lo ideal sería adelantar 5 años los del sector privado. 

¿Qué significa eso? Que para 2030 los objetivos de vehículos limpios de contratación pública sean del 100% en el caso de los turismos, los vehículos comerciales ligeros y los autobuses urbanos; así como del 50% en el caso de los camiones. Esto también se recomienda para los puntos de recarga en los aparcamientos: 50% a partir de 2026 y el 100% en 2030.

El noveno punto apunta a la importancia de desarrollar campañas institucionales de concienciación ciudadana y empresas en lo referente a la electromovilidad, para que sea un tema que todo el mundo sea consciente de su importancia. En el comunicado de ANFAC señalan, además, que deberían “suponer un porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto de Concienciación Ciudadana o de Medioambiente”.

Por último, se recomienda trabajar de manera conjunta con sectores estratégicos vinculados a los municipios para incentivar y potenciar el despliegue de una infraestructura de recarga que sea de acceso público en los aparcamientos para que vaya más allá de lo estrictamente obligatorio.

¿Cuál es la obligatoriedad en la actualidad? En los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios hay que disponer de una estación de recarga por cada 40 plazas hasta las 1.000 plazas.

La asociación es consciente de que la adaptación es compleja, así que en el informe que ha presentado ha incluido una metodología para calcular la potencia instalada necesaria de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en los distintos municipios.

Poniendo como ejemplo Madrid, a finales de 2024 contaba con una potencia de 76,53 MW. Sin embargo, sus objetivos de potencia instalada deberían ser de 259,47 MW en 2025, 823,85 MW en 2030 y 1.522,58 en 2035. 

Otro caso distinto es el de Zaragoza. Allí la potencia instalada a finales de 2024 era de 24,41 MW y se considera que sería necesario tener 22,63 MW en 2025 (por lo que eso ya estaría complicado), 102,1 MW en 2030 y 275,2 MW en 2035.

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