En Londres tienen un problema con los conductores de superdeportivos de los Emiratos: les ponen multas, pero no las pagan

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Solo el 1% de las infracciones notificadas llegaron a ser pagadas por sus adinerados propietarios extranjeros.
Las autoridades de Londres enfrentan un problema crónico cada verano con los propietarios de superdeportivos procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo Pérsico, quienes aparcan de manera ilegal en las zonas más exclusivas de la ciudad y se marchan sin pagar las sanciones. Modelos de marcas como Ferrari, Lamborghini o Bugatti invaden aceras, paradas de autobús y zonas de carga sin que los avisos de infracción surtan efecto. La falta de mecanismos legales para perseguir el cobro fuera de Europa y el insignificante valor económico de las multas para estas fortunas han convertido el incumplimiento de las normas de tráfico en una práctica habitual e impune.
El fenómeno alcanza proporciones económicas muy significativas y deja al descubierto una marcada brecha en la capacidad de ejecución de las leyes de tráfico locales. Un informe del Wall Street Journal expone cifras reveladoras sobre la situación en el municipio de Westminster, epicentro del comercio de gran lujo en áreas como Knightsbridge y los inmediatos alrededores de los icónicos almacenes Harrods. Entre los años 2018 y 2022, las autoridades locales emitieron un total de 13.423 multas de aparcamiento a vehículos matriculados en los Emiratos Árabes Unidos. No obstante, tan solo el 1% de dichas infracciones llegó a ser pagado por sus adinerados propietarios.
La falta de pago no atañe de forma exclusiva a los vehículos de los Emiratos Árabes Unidos, sino que abarca de manera extendida a varias naciones de la región. Durante el último año, los vehículos con placa de matrícula catarí acumularon otras 2.570 notificaciones de sanción en este mismo distrito londinense. En su conjunto, cuatro naciones del Golfo Pérsico acaparan el 41% de la totalidad de las multas impuestas a vehículos con matrícula extranjera en esta cotizada zona urbanística.

La razón fundamental de esta impunidad sistemática radica en las barreras legales e institucionales que enfrentan las autoridades británicas al intentar perseguir a los infractores fuera del continente europeo. El Gobierno del Reino Unido confirmó formalmente que no existe un marco legal ni un acuerdo internacional de cooperación que permita compartir de forma automatizada la información de los titulares de los vehículos con países no pertenecientes a la Unión Europea para el cobro de deudas de carácter civil. Sin disponer de una dirección postal válida y contrastable en el país de origen del titular, resulta técnicamente imposible notificar formalmente la multa o emprender procesos de cobro judicial una vez que el superdeportivo abandona el territorio británico.
A este marcado vacío administrativo se le suma un factor económico determinante: el nulo poder disuasorio que representan estas sanciones para las inmensas fortunas de los visitantes. Una multa por aparcar indebidamente en las calles céntricas de Londres oscila habitualmente entre los 150 y los 215 euros. Para el propietario de un exclusivo Ferrari Purosangue valorado en más de 400.000 euros el importe de una sanción representa un gasto insignificante, percibido prácticamente como un coste marginal o una tarifa voluntaria a cambio de la comodidad de estacionar en cualquier esquina.
Ante la manifiesta ineficacia de los avisos colocados bajo los limpiaparabrisas, las autoridades del Ayuntamiento de Westminster y la Policía Metropolitana de Londres han comenzado a aplicar medidas operativas de mayor severidad. Durante las campañas de control de los meses veraniegos, los agentes de tráfico han incrementado sensiblemente el uso de grúas municipales para enganchar y remolcar de forma directa los superdeportivos aparcados de forma ilegal sobre las aceras o bloqueando el tránsito peatonal. El propósito de esta estrategia es generar una molestia logística directa a los infractores, obligándoles a desplazarse personalmente a los depósitos municipales antes de poder recuperar sus exóticos vehículos.
A pesar del malestar vecinal provocado por el colapso de las aceras, el Gobierno central británico ha reiterado que no contempla modificar la legislación vigente para otorgar a las administraciones locales la facultad de confiscar o subastar de forma permanente los vehículos extranjeros por el mero acumulado de deudas por estacionamiento. Por consiguiente, a falta de tratados internacionales de intercambio de datos o de reformas normativas severas, las calles de la capital británica seguirán albergando cada verano el mismo patrón: vehículos de altísima gama aparcados en zonas prohibidas con notificaciones en el parabrisas que raramente llegarán a liquidarse.

