La Ley de Propiedad Horizontal aclara quién paga cuando un vecino carga su coche eléctrico en el garaje comunitario
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La Ley de Propiedad Horizontal aclara que el vecino que carga su coche eléctrico debe asumir el coste de la instalación y del consumo.
El auge del vehículo eléctrico en España está transformando no solo la movilidad, sino también la convivencia en las comunidades de propietarios. Cada vez son más los vecinos que instalan puntos de recarga en sus plazas de garaje, una situación que plantea dudas frecuentes sobre quién debe asumir los costes de la instalación y del consumo eléctrico. La respuesta está recogida de forma expresa en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en concreto, en el artículo 17.5, el cual establece un marco claro para evitar conflictos entre propietarios.
Y es que la instalación de un punto de recarga para uso privado en una plaza individual de garaje únicamente requiere una comunicación previa a la comunidad, sin necesidad de votación o autorización expresa. Además, tanto la instalación como el consumo eléctrico deben ser sufragados íntegramente por el propietario interesado.
Esta regulación busca facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible, eliminando trabas burocráticas para quienes desean disponer de un cargador privado en su edificio. Sin embargo, la norma también protege los intereses del resto de vecinos al impedir que los costes derivados del uso particular de un vehículo eléctrico recaigan sobre los fondos comunes de la comunidad.
El propietario debe asumir todos los gastos de instalación y consumo, según la LPH
La Ley de Propiedad Horizontal es especialmente clara en este aspecto. El texto legal establece que el coste de la instalación del punto de recarga y el consumo de electricidad asociado serán asumidos "íntegramente" por el propietario o propietarios directamente interesados. Esto significa que la comunidad no está obligada a participar económicamente en la obra ni en el suministro energético necesario para recargar el vehículo.
En la práctica, la mayoría de las instalaciones se conectan al contador individual de la vivienda del propietario, lo que permite que el gasto eléctrico quede reflejado directamente en su factura. De esta manera, se evita que la energía consumida se cargue a los servicios comunes del edificio o al resto de vecinos.
Los problemas suelen surgir cuando un usuario conecta su vehículo a un enchufe comunitario o utiliza electricidad procedente de instalaciones comunes sin autorización. En estos casos, la comunidad puede exigir el cese de esa práctica e incluso reclamar los costes generados, ya que la ley no contempla que el consumo privado de un coche eléctrico sea financiado por todos los propietarios.
Expertos en la materia recuerdan que una cosa es el derecho a instalar un punto de recarga y otra muy distinta utilizar recursos comunitarios para alimentar el vehículo. La normativa facilita la instalación privada, pero condiciona ese derecho a que el interesado asuma totalmente los gastos derivados de la infraestructura y de la energía consumida.
La comunidad no puede impedir la instalación si se cumplen los requisitos
Otro de los aspectos que genera más dudas es si la junta de propietarios puede vetar la colocación de un cargador eléctrico en el garaje comunitario. La respuesta general es negativa. El artículo 17.5 de la LPH establece que basta con comunicar previamente la actuación a la comunidad cuando el punto de recarga se ubica en una plaza individual de garaje. No es necesario someter la decisión a votación ni obtener una autorización formal.
Esta interpretación ha sido reforzada recientemente por el Tribunal Supremo, que confirmó que los propietarios pueden instalar un punto de recarga en su plaza privada tras realizar la correspondiente comunicación previa, incluso cuando sea necesario el paso del cableado por determinados elementos comunes del inmueble. Además, la finalidad de la norma es promover la movilidad eléctrica y evitar obstáculos injustificados por parte de las comunidades de propietarios.
No obstante, el propietario debe cumplir con la normativa técnica aplicable y garantizar que la instalación se realice de forma segura, respetando las condiciones del edificio. Asimismo, debe informar previamente a la comunidad antes del inicio de los trabajos.
El crecimiento del parque de vehículos eléctricos hace prever que este tipo de situaciones serán cada vez más habituales en los edificios residenciales. Por ello, la legislación ha optado por un equilibrio entre el derecho individual a disponer de una infraestructura de recarga y la protección de los intereses económicos de la comunidad.
La conclusión es contundente: un vecino puede instalar un punto de recarga en su plaza de garaje sin necesidad de pedir permiso a la junta, pero deberá comunicarlo previamente y hacerse cargo de todos los costes. La electricidad utilizada para cargar el vehículo no puede ser asumida por la comunidad salvo acuerdo específico. En otras palabras, quien enchufa su coche eléctrico es también quien debe pagar la factura.
