La OCU se queja de que el Plan Auto+ pone sobre la mesa poco dinero en poco tiempo y se olvida de aspectos importantes

Hace una semana que el Gobierno desveló el Programa Auto +, el plan que ha venido a sustituir al Moves III, y parece no convencer a todos. A ojos de la OCU, estas ayudas para la compra de coches eléctricos aún son insuficientes.

Aún quedan muchas dudas por despejar, pero el Ejecutivo ya ha mostrado las bases de esta aclamada y esperada ayuda. De esta manera, las ayudas alcanzarán un máximo de 4.500 euros por vehículo. El Ministerio ha destinado 400 millones de euros para el Plan Auto+ en 2026.

El Ministerio de Industria ha aclarado que, para conseguir los 4.500 euros, además de ser un automóvil eléctrico puro, de costar hasta 35.000 euros y de estar hecho en Europa, al menos, "una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE".

El sistema funciona por porcentajes, que varían según la motorización, precio y país de fabricación del vehículo. A pesar de que esto supone una reactivación de las ayudas, para ciertos organismos públicos no son lo suficientemente atractivas como para incentivar la compra de vehículos eléctricos.

La OCU pide ayudas para la red de cargadores

Ya se han pronunciado los últimos que faltaban por hablar del Plan Auto +. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera insuficiente el alcance de este programa. 

Según explican en un comunicado, aunque se consolida "la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros para la compra de un coche eléctrico y se facilita el acceso inmediato a las ayudas, la cuantía de estas últimas decrece y se eliminan las destinadas a la instalación de cargadores domésticos".

"La sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados", señala OCU. Lo cierto es que la organización considera que el principal obstáculo de la movilidad eléctrica es el precio.  

"Lamentablemente, el Programa Auto+ no termina de afrontar este hecho, porque el importe máximo de las nuevas ayudas a la compra se ha reducido de 7.000 a 4.500 euros, al eliminarse la oferta por el achatarramiento de un vehículo antiguo", explica OCU.

Precisamente, la OCU pide que vuelva el achatarramiento, ya que no solo contribuye a retirar del parque los vehículos más contaminantes, sino que también contribuye a reducir la edad media de los coches. 

Hay que recordar que la edad media de nuestro parque móvil es una de las más altas de toda Europa, además de ser un factor clave en la siniestralidad. En cuanto a la ayuda adicional de 1.000 euros del concesionario, ya era habitual en muchas marcas.

Además, la OCU considera que hay un nuevo problema: la eliminación de las ayudas en la instalación de cargadores domésticos. "La dificultad de acceso a unas tarifas eléctricas económicas, una condición imprescindible para afrontar la compra de un coche eléctrico, especialmente para las familias con rentas bajas", señalan. 

"Es más, la normativa sigue ignorando la situación de muchos hogares sin garaje y sin la posibilidad de tener una estación de carga", añaden.

En esta línea, la OCU considera que falta una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso real y equitativo al vehículo eléctrico, especialmente dirigido a quienes carecen de una estación de carga propia.

A día de hoy, la inmensa mayoría de cargadores que encontramos en las ciudades pertenecen a empresas privadas y sus tarifas son bastante elevadas, mucho más de las que encontramos en la red doméstica.

Y no solo eso, consideran que la red de recarga española sigue siendo pobre e irregular, incluso en los propios centros urbanos, donde no es raro encontrar estaciones de recarga inoperativas.

Para que estas ayudas sean más útiles, la OCU exige al Gobierno, además del achatarramiento, volver a activar las ayudas a la instalación de cargadores domésticos, desarrollar una Estrategia Nacional de Recarga vinculante para todas las comunidades autónomas que impulse una red de cargadores públicos en las localidades y facilite la carga a los hogares sin plaza de aparcamiento.

Además, pide que se mejore la información que se le da al consumidor,  obligando a las marcas a publicar precios finales reales que integren ayudas y deducciones, que dependen de factores como el precio final del vehículo, el país de fabricación y ensamblaje de la batería del coche y el tipo de motor. 

También, vigilar las posibles prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables, mediante controles periódicos del mercado, y aumentar los 400 millones de euros previstos para el Plan Auto+, que son claramente insuficientes y se agotarán en unos meses si se mantiene el porcentaje de vehículos enchufables vendidos hasta la fecha.