Óscar Puente, ministro de Transportes, ficha a un nuevo director de DGC para afrontar reversión de la autopista de peaje AP-68, las autovías de primera generación y el bloqueo de los contratos de conservación
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Guillermo Llopis, el nuevo Dirección General de Carreteras, será el nuevo encargado de gestionar algunas de las obras más complejas del Ministerio de Transporte.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible , dirigido por Óscar Puente, afronta una nueva etapa en la gestión de la red estatal de carreteras con la llegada de un nuevo responsable a la Dirección General de Carreteras (DGC). Puente ha elegido a Guillermo Llopis, hasta ahora jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, para asumir una de las responsabilidades más complejas dentro del organismo en un momento marcado por la tensión con las empresas constructoras y concesionarias.
gestión de las infraestructurasLa designación de Llopis llega tras la salida de Juan Pedro Fernández Palomino, quien presentó su dimisión a comienzos de septiembre. El nombramiento, pendiente únicamente de su formalización definitiva, coloca al ingeniero valenciano al frente de una dirección general que debe resolver varios conflictos estratégicos relacionados con la gestión de las infraestructuras viarias del Estado.
Entre los principales desafíos figuran la reversión de la autopista de peaje AP-68 y de las once autovías de primera generación cuyos contratos están próximos a expirar, así como el desbloqueo de los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, paralizados tras la ofensiva jurídica emprendida por las empresas del sector contra los nuevos pliegos de contratación impulsados por el Ministerio.
Óscar Puente, ante la compleja reversión de la AP-68
El primer gran reto que encontrará el nuevo director general será la culminación del proceso de reversión al Estado de la AP-68 y de las once autovías de primera generación gestionadas mediante concesiones. Los contratos de estas infraestructuras vencen entre noviembre y diciembre, obligando al Ministerio a asumir directamente su gestión una vez finalizados los acuerdos con las empresas explotadoras.
La principal dificultad radica en el estado en el que deberán entregarse las carreteras. Transportes exige que las infraestructuras lleguen al final de las concesiones con unos niveles determinados de conservación, mientras que las compañías discrepan sobre las inversiones necesarias para alcanzar esos estándares. Las diferencias económicas entre ambas partes son millonarias y amenazan con desembocar en litigios contencioso-administrativos e incluso judiciales. Hasta el momento solo se han alcanzado entendimientos técnicos en dos casos concretos: la autovía A-31 entre Bonete y Alicante, explotada por Viario 31, y la A-4 entre Madrid y Ocaña. No obstante, estos acuerdos aún necesitan la validación definitiva del Ministerio.
Precisamente, la experiencia de Llopis en la Comunidad Valenciana ha sido uno de los factores que han pesado en su designación. Bajo su supervisión se aprobó el acuerdo técnico relativo a la A-31, considerado dentro del sector como un posible modelo para desbloquear el resto de las negociaciones. Fuentes del ámbito de las infraestructuras interpretan que su conocimiento directo de estos expedientes podría facilitar una salida pactada para el conjunto del proceso.
El nuevo director llega además con el aval de su gestión durante la reconstrucción de carreteras afectadas por la dana que golpeó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Entre las actuaciones desarrolladas destacaron los trabajos de recuperación de infraestructuras dañadas en la A-7, incluyendo la restitución de estructuras colapsadas sobre el barranco del Gallego del Poyo.
El ministro de Transportes debe resolver el conflicto por los contratos de conservación
Junto a la reversión de las grandes concesiones, la otra prioridad inmediata para la nueva Dirección General de Carreteras será resolver el enfrentamiento abierto con las empresas de conservación y mantenimiento. El Ministerio había impulsado un amplio programa de contratos valorado en más de 1.000 millones de euros para garantizar la conservación de la red estatal. Sin embargo, la iniciativa quedó paralizada después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales admitiera los recursos presentados por la patronal Acex contra los nuevos pliegos.
La controversia gira principalmente en torno a los criterios de adjudicación planteados por Transportes, una cuestión que ha generado un profundo malestar entre las compañías del sector. La suspensión temporal del proceso obliga ahora al departamento de Puente a buscar soluciones transitorias para asegurar el mantenimiento de las carreteras mientras se resuelve el conflicto jurídico.
En este escenario, el nombramiento de Guillermo Llopis supone una apuesta por un perfil técnico con experiencia en conservación, explotación y gestión de carreteras. Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Valencia y con una trayectoria desarrollada tanto en el sector privado como en la Administración, su misión será reconducir unas relaciones cada vez más tensas entre el Ministerio y las empresas, al tiempo que garantiza una transición ordenada en algunos de los contratos más relevantes de la red viaria española.
