El nuevo reglamento de la DGT es calificado de "basura" por parte de un agente de la Guardia Civil

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Asegura que las nuevas normas están generando situaciones muy complicadas para la seguridad de los conductores.
La entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación el pasado 1 de octubre de 2026 ha vuelto a situar a la DGT en el centro del debate público. Aunque en un principio se planteó como una reforma destinada a dar amparo legal a determinadas maniobras habituales y mejorar la fluidez del tráfico, algunos de sus puntos están causando situaciones muy delicadas en las carreteras españolas.
Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil señalan que las fricciones generadas entre las expectativas de los usuarios y la realidad normativa están desembocando en un incremento de situaciones conflictivas y sanciones inesperadas. La situación ya está llegando a tal punto, que uno de ellos se ha atrevido a calificar como “basura” una de las nuevas normas en concreto.

El problema de la señalización en los arcenes
El centro de la controversia está en la regulación sobre la circulación de motocicletas por el arcén cuando hay atascos. La reforma del reglamento contempla que los motoristas puedan recurrir al uso del arcén para avanzar cuando se produzca un embotellamiento, con el objetivo de evitar el riesgo que supone quedarse parado entre hileras de vehículos de mayor tamaño y peso. Sin embargo, la efectividad de esta medida está supeditada a la presencia de una señalización específica en la vía que autorice de forma expresa que se puede hacer por ese tramo.
El colectivo de agentes de la Guardia Civil advierte que la presencia de estas señales es prácticamente inexistente en la red actual. Muchos motoristas piensan que la aprobación de la reforma significa que pueden circular por cualquier arcén desde el primer día de la entrada en vigor de la norma, lo cual es un absoluto error. Esta falta de información provoca que numerosos conductores realicen la maniobra en tramos no habilitados, obligando a las patrullas a aplicar la normativa vigente e imponer las correspondientes sanciones por una infracción que los usuarios no perciben como tal.
En realidad, la nueva norma de la DGT sobre el uso del arcén por parte de los motoristas responde a una acción que muchos hacen cuando hay atasco, aunque no significa que sea una maniobra legal. De hecho, solo es posible cuando la vía lo indica de forma expresa, y en estos momentos apenas hay sitios en los que se avisa de ello.
El desafío del control de velocidad y la seguridad vial
A la exigencia de señalización previa se suma una segunda condición que dificulta la aplicación de la norma en el día a día: la limitación de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora para las motocicletas que avancen por el arcén. Los expertos en seguridad vial coinciden en que controlar de forma efectiva este límite en zonas perimetrales de la calzada tiene algunas complicaciones.
La infraestructura actual de radares fijos está orientada principalmente al control de los carriles principales, y no hay dispositivos específicos dirigidos al control del arcén. Esta desconexión entre la teoría del reglamento de la DGT y los medios de los que disponen los agentes en la vía dificulta la labor de supervisión, generando un vacío en el que el margen de seguridad que pretendía aportar la norma no existe debido a que es imposible saber a qué velocidad circulan las motos que van por el arcén.

Confusión entre los usuarios y fricciones con la Guardia Civil
La brecha entre la percepción ciudadana de la ley y las condiciones técnicas necesarias para su cumplimiento legal está generando un clima de desconcierto en las vías con alta densidad de tráfico. La idea de que la DGT ha legalizado las motos en el arcén se ha difundido de forma generalizada, pero la normativa real convierte el acto en una acción sancionable en la mayoría de las carreteras, al no cumplir con los requisitos de señalización. Y todos sabemos lo que pasa cuando alguien recibe una multa, sobre todo si considera que no ha cometido ninguna infracción.
Esta discrepancia coloca a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico en una posición compleja, en la que la aplicación rigurosa de la ley entra en conflicto con unos conductores que consideran que actúan bajo el amparo de la reforma. El resultado es un aumento de los enfrentamientos cuando se ponen las denuncias, evidenciando la necesidad de coordinar de manera más eficaz la redacción del nuevo Reglamento de Circulación con el despliegue previo de la infraestructura necesaria en la red para que luego no haya estos malos entendidos.