La Guardia Civil ha detenido a 11 personas por organizar carreras ilegales. "Se enfrentan hasta a cinco años de cárcel"
La detención de más de 10 personas por participar en carreras ilegales pone el foco en el incremento de estos encuentros que ponen en peligro la seguridad civil.
En un contundente golpe contra las redes clandestinas del motor, agentes del sector de Tráfico de la Guardia Civil han desarticulado una activa trama delictiva dedicada a la planificación, promoción y ejecución de carreras ilegales de velocidad. La operación se ha saldado, por el momento, con la detención de 11 personas en varios puntos del territorio nacional, la mayoría de ellas localizadas en municipios del sur de la Comunidad de Madrid y localidades periféricas.
A los arrestados se les imputa una amalgama de delitos graves que van desde la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, hasta la falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal. Fuentes judiciales confirman que los cabecillas de esta red criminal podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel.
La investigación criminal, bautizada por los cuerpos de seguridad del Estado, comenzó meses atrás tras detectarse un alarmante incremento de concentraciones nocturnas multitudinarias en polígonos industriales y vías secundarias. Según detalla el Ministerio del Interior, los implicados utilizaban aplicaciones de mensajería instantánea encriptada y chats móviles privados para coordinar las denominadas kedadas.
La sofisticación organizativa de la red era tal que cada una de estas citas ilegales lograba congregar a un volumen de público abrumador, llegando a superar el medio millar de asistentes entre espectadores, apostadores y conductores en una sola noche.
El modus operandi de la banda no se limitaba al desafío de la velocidad en vías públicas; incluía un lucrativo y peligroso componente digital. Los integrantes de la red no solo competían en carreras que ponían en serio peligro la seguridad vial de los usuarios de las carreteras, sino que grababan los desafíos automovilísticos en alta definición mediante cámaras de acción y teléfonos móviles.
Posteriormente, el material audiovisual editado, en el que se exhibían impunemente maniobras extremas y velocidades que duplicaban los límites legales, era subido de forma sistemática a distintas plataformas de redes sociales. El objetivo era doble: por un lado, ganar notoriedad y prestigio dentro del mundillo clandestino del tuning radical; por el otro, monetizar las visualizaciones y captar patrocinadores informales o adeptos para las apuestas de carácter ilegal.
Durante la fase de explotación de la operación policial, los agentes de la Benemérita han procedido a la intervención física de cuatro vehículos de alta gama que contaban con modificaciones técnicas de carácter severo y no homologadas, destinadas a multiplicar exponencialmente la potencia del motor (sistemas de inyección modificados, alteraciones electrónicas y escapes libres).
Asimismo, en los registros efectuados en inmuebles y vehículos de los detenidos se ha incautado numeroso material logístico empleado habitualmente para asegurar la impunidad y el desarrollo de los eventos, entre los que destacan pasamontañas para ocultar la identidad de los pilotos frente a posibles cámaras de vigilancia, bengalas náuticas de señalización para delimitar las líneas de salida y meta, y walkie-talkies de alta frecuencia destinados a alertar sobre la presencia de patrullas policiales en las inmediaciones.
La vertiente penal del caso se presenta especialmente rigurosa para los encausados. El ordenamiento jurídico español contempla el delito de conducción temeraria, cuando se manifiesta con un desprecio absoluto hacia la vida ajena, con penas que oscilan entre los dos y los cinco años de prisión, acompañadas de la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un período de hasta diez años.
A esto hay que añadir el agravante penal por la pertenencia a una organización criminal, regulada específicamente en el Código Penal. Para los meros integrantes de la red se estipulan penas de uno a cuatro años de cárcel, mientras que para los promotores, directores u organizadores principales de los eventos clandestinos, la sanción privativa de libertad se incrementa sustancialmente, pudiendo alcanzar de tres a ocho años de reclusión.
La Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior han querido aprovechar la trascendencia de este operativo para hacer un llamamiento firme a la responsabilidad ciudadana. Las autoridades recalcan que este tipo de conductas no representan una mera afición al automovilismo, sino manifestaciones criminales extremas que amenazan de muerte de forma directa tanto a peatones como al resto de conductores.
Se recuerda a la población la importancia crucial de la colaboración para prevenir este tipo de delitos e identificar los puntos habituales de concentración a través de los canales oficiales habilitados, como el teléfono de emergencias 062 o la aplicación móvil oficial Alertcops. La lucha contra las carreras clandestinas sigue abierta y las fuerzas de seguridad no descartan nuevas detenciones en los próximos días a medida que avance el volcado de los datos telefónicos incautados.