La DGT ha hecho pública su Estrategia de Seguridad Vial 2030 y en ella se pone como uno de los principales objetivos el de evitar el fallecimiento de las personas mayores en las vías urbanas e interurbanas. Parece un buen objetivo, pero la forma en la que se quiere llevar a cabo no convence a los conductores más mayores.

Así lo denuncia la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid (UDP Madrid), que señala que se quiere conseguir expulsando a las personas mayores de la carretera, con una propuesta de restricción de los permisos de conducir a las personas de edad avanzada.

Entre las medidas que se contemplan están la reducción de los plazos para la renovación de los permisos de conducción y la modificación del protocolo de exploración médica-psicológica, que incorporaría un informe psicotécnico más riguroso y específico.

Esto haría que se establecieran unos requisitos para la renovación del carnet que variarían en función de la edad, lo que desde la asociación consideran que es una discriminación por edad, algo que califican de “anticonstitucional”.

Señalan además que las declaraciones de los responsables de tráfico estigmatizan a los mayores, cuando en realidad son los que menos accidentes causan como conductores.

Desde la UDP Madrid consideran que este movimiento “surge tras décadas reduciendo de forma importante el transporte público, desmantelando la red ferroviaria de cercanías, disminuyendo drásticamente los servicios sanitarios y sociales de atención primaria, destruyendo el comercio de proximidad, reemplazado por las grandes superficies a las que solo se accede en coche privado”.

Según la asociación, es un movimiento contrario a la dirección en las que se lleva “años, décadas planificando un uso de territorio en el que el coche privado es la única alternativa para el primer kilómetro”. 

Esto ha hecho que, en términos generales, pero sobre todo en el ámbito rural, tener el carnet de conducir sea para las personas mayores “una cuestión de supervivencia”.