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Blablacar denuncia a España

Blablacar denuncia a España
Amenazó con hacerlo y ha cumplido: Blablacar ha denunciado a España ante la Comisión Europea porque considera que la multa que le ha impuesto la Comunidad de Madrid y las denuncias que tiene en trámite "obstaculizan su actividad " y que esto atenta "contra el derecho comunitario". La denuncia llega en un momento crítico en el que un juez está decidiendo si puede seguir operando o debe cerrar temporal o definitivamente.

Después de que Madrid le pusiera su primera multa, BlaBlacar ha denunciado a España ante la Comisión Europea. Lo hace porque piensa que la sanción de 8.000 euros a una de sus filiales y de 4.000 euros a dos de sus conductores, supone un "obstáculo a su actividad" y considera que esto "atenta contra el derecho comunitario".

La plataforma de Car Sharing ha denunciado a España porque ante Bruselas no se puede ir contra un organismo regional, pero en realidad su objetivo es la Comunidad de Madrid. 

Seis cosas que te pueden pasar en Blablacar

"Hemos denunciado al Reino de España por permitir que la Comunidad de Madrid obstaculice nuestra actividad, va contra el derecho comunitario", ha dicho Jaime Rodríguez, jefe de Blablacar en España. 

Blablacar cumple de esta forma la amenaza que lanzó hace semanas cuando recibió las primeras denuncias por parte de la Comunidad de Madrid que le acusa de estar prestando unos servicios de transporte de forma ilegal.

La primera multa llegó hace unos días. La Conserjería de Transporte de la Comunidad de Madrid le ha impuesto una sanción de 8.000 euros por considerar que oferta un servicio de transporte sin tener la licencia correspondiente. También multa a dos conductores, con 4.000 euros a cada uno, por cobrar a los pasajeros más dinero del que correspondería para pagar los gastos (que es lo máximo que se admite bajo el paraguas de coche compartido).

Ante estas acusaciones, los responsables de Blablacar han respondido: "la Comunidad de Madrid dice que esos usuarios han superado el nivel de gasto fijado para el transporte particular, pero en ningún momento ha aportado ningún dato en sus documentos. Tampoco existe un baremo legal definido para cuál debe ser este límite a cobrar por parte de los usuarios".

Desde Blablacar piden que España aclare la legislación a la que deben someter su actividad. 

Mientras espera la respuesta europea, que se podría demorar meses, la compañía tiene en curso otras dos denuncias en España (estas contra ella). La decisión del juez podría declarar su actividad ilegal (como ya pasó con Uber), en cuyo caso tendría que modificar su metodología de trabajo lo que supondría el cese temporal o definitivo de sus servicios.

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