El peligro al que se enfrentan las autoescuelas españolas

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Las autoescuelas españolas se enfrentan a un grave peligro. Y es que la plantilla actual de examinadores de la DGT lleva congelada desde hace al menos cinco años y según los datos oficiales, actualmente cuenta con 756 funcionarios que desempeñan este papel. Pero la cifra que maneja la Confederación Nacional de Autoescuelas es muy inferior (619), ya que según dicen, el número desciende drásticamente si se tienen en cuenta variables como las vacaciones o las bajas de larga duración. Por suerte, la sulición para salvar las autoescuelas parece sencilla. 

El bajo número de examinadores de la DGT podría colapsar el sistema de Formación Vial, lo que desembocaría en el cierre de numerosas empresas y en el despido de miles de trabajadores, ya que este colectivo lo integran más de 17.900 personas en nuestro país. La situación es especialmente grave en doce Jefaturas Provinciales de Tráfico, que representan por sí solas el 48% de todos los permisos expedidos en España y en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora.

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Estas provincias son Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia. La CNAE considera urgente la ampliación de la actual plantilla de examinadores con al menos 200 funcionarios más. Eso teniendo en cuenta la plantilla reconocida por la propia DGT, pero si atendemos a los cálculos realizados por la Confederación, esta cifra debería elevarse a 324 para que el sistema pueda funcionar con normalidad.

Hay que tener en cuenta que cada examinador sólo puede hacer diariamente 13 pruebas, cantidad que se reduce a 11 durante el periodo estival, lo que supone que el déficit de exámenes se eleva a casi 600.000 anuales, según el mínimo necesario (213) y a 900.000 si se contabiliza la carencia de 324 examinadores. La Confederación Nacional de Autoescuelas advierte de que esta situación no solo afecta directamente a su sector, también a una amplia parte de la población si se tienen en cuenta las consecuencias sociales que implican los retrasos.

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Fuente: CNAE