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El caso de F1 en Valencia pasa a juzgado ordinario

GP Valencia F1: novedades en el “caso Valmor”

El caso de F1 en Valencia pasa a juzgado ordinario al dejar Francisco Camps de ser aforado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la
Comunitat Valenciana ha acordado remitir la causa por la gestión
F1 en Valencia al decanato de los
Juzgados al perder la competencia, ya que el expresident de la
Generalitat Francisco Camps ha dejado de ser
aforado.





El TSJ investigaba los posibles delitos de
prevaricación administrativa
y malversación de caudales
públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que
Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011,
cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, la
empresa privada organizadora de la Fórmula 1.



El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre por
la Fiscalía Anticorrupción contra el expresident de la Generalitat
Francisco Camps, la exconsellera de Cultura y Deporte Dolores
Johnson y el empresario y excampeón del mundo de Motociclismo
Jorge Martínez "Aspar".



Según la Fiscalía, había indicios de que Camps concertó con
"Aspar" que, en realidad, quien organizaría la
prueba sería la empresa pública Circuito del Motor, para lo cual se
interpuso a una empresa privada -Valmor Sports- que carecía de
infraestructura personal, material y económica para asumir esa
labor.



Además, la Fiscalía apuntaba que Camps negoció
directamente con Ecclestone el contrato del 19 de julio de 2011 por
el que la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, sin
seguir el procedimiento administrativo y mediante un contrato que
ordenó firmar a Johnson, "a sabiendas" de que esta era
"incompetente" para ello. La Sala de lo Civil y lo Penal del
TSJ ha establecido hoy su falta de competencia al perder Francisco
Camps la condición de diputado por la convocatoria de elecciones
autonómicas y ha acordado remitir las actuaciones al decanato de
los juzgados de Valencia para su reparto el juzgado de instrucción
que por turno corresponda.



Durante la fase previa de alegaciones, las defensas de Dolores
Johnson y Jorge Martínez solicitaron la remisión de la causa a los
juzgados de instrucción de Valencia, mientras que
la defensa de Camps, ejercida por él mismo, pidió que se mantuviera
la competencia de la sala. En los fundamentos de derecho, el
auto indica que la competencia en materia penal del TSJ "únicamente
subsiste mientras la persona imputada no cese en la condición de
aforado", y en consecuencia "la sala deviene objetivamente
incompetente para la instrucción" tras la disolución de Les Corts y
la elección de los miembros de la Diputación Permanente.



El auto descarta que exista un conflicto de competencias y reprocha
a la defensa de Camps que afirme que la Sala se haya acogido a "un
procedimiento inexistente en la ley", ya que, decaída la
competencia inicial, "lo que resulta procedente es determinar a qué
órgano (jurisdiccional) le corresponde su conocimiento". Se
rechaza también otra pretensión de Camps y para ello se cita
jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que "en las
causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura
del juicio oral constituye el momento en el que queda
definitivamente fijada la competencia del Tribunal de
enjuiciamiento, aunque con posterioridad se haya perdido la
condición de aforado".



En consecuencia, los magistrados resaltan que, en este caso, "ni
remotamente cabe hablar de que la competencia de esta Sala haya
quedado fijada de forma definitiva". Aunque la defensa de Cams
pretendía también que el aforamiento se perpetuaba hasta la
constitución" de las nuevas Corts, la Sala, tras citar el Estatuto
de Autonomía y el Reglamento de les Corts, establece que "desde el
momento que nos consta que el señor Camps no está integrado en la
Diputación Permanente ha perdido su condición de aforado".

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Fuente: EFE

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