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Hasta 30.000 euros de multa por motor trucado

Hasta 30.000 euros de multa por motor trucado

Nacho de Haro

La Comisión Europea propone endurecer la normativa de homologación de vehículos en Europa, reforzando su poder de supervisión durante el proceso de certificación de los automóviles y realizando pruebas de emisiones en situaciones reales. Además, quiere obtener la capacidad de imponer multas a los fabricantes que incumplan la normativa, con sanciones que podrían llegar hasta los 30.000 euros por coche afectado.

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La Comisión Europea propone endurecer la normativa de homologación de vehículos en Europa para evitar que se repita el escándalo de emisiones de Volkswagen. El borrador de la propuesta, presentado hoy, permitiría reforzar el poder de supervisión de la Unión Europea durante la certificación de los automóviles, un proceso del que hasta ahora se encargan los diferentes organismos de cada país.

Para garantizar una mayor precisión en los resultados de los test de contaminación, también realizarían pruebas de emisiones en situaciones reales en carretera, tal y como te adelantamos cuando te advertimos sobre la intención de la UE de reforzar los test de contaminación a partir de 2019. Esta medida también ha sido adoptada por el país que descubrió el escándalo de la marca alemana, Estados Unidos, que ha cambiado la forma de medir las emisiones.

Además de endurecer la normativa de homologación de vehículo en Europa, la Comisión Europea pretende obtener la capacidad de imponer multas a los fabricantes que incumplan la legislación, con sanciones que podrían llegar hasta los 30.000 euros por coche afectado. Es más, de aprobarse este texto, la UE también podría imponer multas a los servicios técnicos que se encargan de realizar las pruebas de contaminación, siempre que se demuestre que estos no han realizado los ensayos de forma rigurosa.

La nueva normativa que propone la Comisión también contempla la posibilidad de dotar a la Unión Europea de la capacidad de poder realizar llamadas a revisión en caso de que se detecte una anomalía. Hasta ahora, esta tarea recaía en cada uno de los países. En caso de que se demuestre un claro incumplimiento, la autoridad de vigilancia del mercado podría llamar a revisión a los coches afectados e incluso, en los casos más severos, exigir la completa retirada del mercado de los automóviles.

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