Fomento y banca estudian unirse para sanear las autopistas

El Ministerio de Fomento y la banca estudian unirse para sanear las cuentas de una decena de autopistas de peaje, según ha informado la agencia de noticias Europa Press. Dicha alianza consistiría en la creación de una sociedad de capital público que asumiría el riesgo de quiebra al que están expuestas estas vías, seis de las cuales han entrado ya en concurso de acreedores; son el caso de las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo.

Según estas mismas informaciones, el ministerio encabezado por Ana Pastor, y tras no haberse concretado los anteriores proyectos de ayuda, ya habría alcanzado un acuerdo con los bancos españoles que llegarían a la cifra de 1.200 millones de euros para comprar la deuda que las autopistas de peaje en España tienen con sociedades extranjeras. En la actualidad, las vías cuentan con un pasivo de 3.500 millones que recaería en las manos de los bancos si este proyecto entre Fomento y banca llega a buen puerto.

Las constructoras y concesionarias que a día de hoy poseen la titularidad de las autopistas instan a la Administración a que negocie este proyecto con el fin de que se les abone los importes que se les adeuda tras la construcción de estas vías de peaje. Deudas que se han visto acrecentadas al sobrecoste que tuvieron que hacer frente en las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron estas vías, las cuales han tenido una fuerte caída del tráfico.

Según Europa Press, este ente en su totalidad con capital público sería dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), entidad del grupo Fomento. Esta firma se quedaría con todas las acciones de las autopistas con problemas, de momento a coste cero y asumiendo solo la deuda.

La financiación tendría un tipo de interés del 3% y un plazo de amortización único a treinta años. Según cuentan estas informaciones, esta operación no aparecería en el déficit del Estado, pues se generaría ingresos con el cobro de peajes y porque la Administración no rescata las vías, sino que se queda con las acciones de sus sociedades concesionarias.